El empresario ítalocanadiense Antonio Carbone ha dado un paso audaz al depositar una querella este jueves ante la Procuraduría General de la República Dominicana. En esta querella, Carbone acusa al expresidente Danilo Medina, a su hermano Alexis, al exprocurador Jean Alain Rodríguez, al diputado Sergio “Gory” Moya y otras 123 personas de despojarlo de bienes valorados en la asombrosa suma de 580 millones de dólares.
La querella, amplia en su alcance, no solo señala a los nombres prominentes mencionados anteriormente, sino que también incluye a exfuncionarios, exlegisladores y empresarios de renombre. Carbone afirma que estos individuos utilizaron artimañas para privarlo de sus propiedades de manera injusta.
Las acusaciones de Carbone son serias y están respaldadas por su testimonio personal. Él relata cómo, durante el período en que Danilo Medina buscaba la presidencia, lo consideraba su amigo y aliado cercano. Sin embargo, una vez en el poder, Medina lo habría abandonado. Además, Carbone sostiene que bajo el mandato de Medina, fue procesado, arrestado sin una orden judicial y condenado a 20 años de cárcel por un delito que él asegura no haber cometido.
Una de las acusaciones más destacadas de Carbone es la relacionada con un presunto intento de homicidio ocurrido en 2014, mientras él se encontraba en Toronto, Canadá. Afirma que fue falsamente acusado como autor material del incidente por uno de sus empleados, quien incendió su vehículo y lo señaló como responsable. A pesar de estar lejos del lugar de los hechos, Carbone fue arrastrado al proceso judicial y condenado.
Sin embargo, la historia no termina ahí. En un giro sorprendente, el Tribunal Constitucional anuló en 2023 la sentencia de 20 años de prisión impuesta a Carbone. Esta sentencia había sido ratificada previamente por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), lo que confirma la turbulenta montaña rusa legal que ha enfrentado Carbone en su búsqueda de justicia.
La querella presentada por Carbone es un acto de valentía y determinación en su búsqueda de reparación y restauración de su reputación y bienes. Su testimonio arroja luz sobre las presuntas injusticias y abusos de poder que pueden haber ocurrido en las altas esferas del gobierno y la justicia en la República Dominicana.
Esta historia plantea interrogantes sobre la integridad del sistema judicial y político del país, así como sobre la protección de los derechos y la justicia para todos los ciudadanos, independientemente de su estatus o afiliaciones. La querella de Carbone podría desencadenar una investigación exhaustiva y un escrutinio público sobre estos asuntos, y potencialmente, llevar a cambios significativos en la sociedad dominicana
